La necesidad de una ley que prohíba e imponga sanciones a quienes nieguen, minimicen, justifiquen, reivindiquen o legitimen crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado argentino tomó fuerza durante la campaña electoral de este año.

La postura política de la dupla que compite en el balotaje electoral por la presidencia, Milei-Villaruel, puso en entredicho un debate que parecía saldado para la sociedad argentina.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzó a debatir dos proyectos presentados por organismos de derechos humanos. Uno, acercado por la organización H.I.J.O.S. en conjunto con la Fundación Luisa Hairabedian y la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

El otro texto cuenta con el aval de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de espacios como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Familiares, APDH, APDH La Matanza, Asociación Buena memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

“Nuestro proyecto está focalizado en la formación de todo el personal del Estado con responsabilidades políticas y sin responsabilidades políticas. La idea es que toda persona que forme parte del Estado en sus tres poderes tenga que llevar adelante una capacitación en materia de derechos humanos que la llevaría adelante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Además, habría sanciones para personas que tengan responsabilidades institucionales y lleven adelante públicamente discursos negacionistas”, destacó el secretario Horacio Pietragalla Corti.

El eje de formación y la penalidad a funcionarios públicos y candidatos a cargos del Estado, directivos de empresas e integrantes de las Fuerzas armadas es un punto en común entre ambos proyectos. En ambos casos se habla de sanciones administrativas.

Las propuestas de legislación establecen la capacitación en la materia con carácter de obligatoriedad para “la totalidad” de los funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado Nacional.

Además, el proyecto de la Secretaria de DDHH plantea incorporar al Código Penal la figura delictual “Negacionismo de los crímenes del Terrorismo de Estado y los genocidios” así como “la inhabilitación absoluta de cinco a diez años para ejercer cargos públicos” para todo funcionario que “públicamente negara, minimizara, justificara, legitimara o reivindicara los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país; y/o los genocidios reconocidos por el Estado argentino, como el Holocausto o el Genocidio Armenio, entre otros graves crímenes contra la humanidad”, como posible sanción.

Asimismo, busca modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para que toda persona que niegue o relativiza esta clase de hechos no pueda ser precandidata o candidata, así como tampoco pueda ejercer cargos partidarios, quienes se encuentren procesados por negacionismo. En relación a este punto, se incorpora una modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La principal diferencia que introduce el proyecto encabeza por H.I.J.O.S. es que plantea al Instituto Nacional Contra la discriminación, la xenofobia, el racismo (INADI) como la autoridad de control de la circulación de discursos negacionistas.

El espíritu del proyecto tiene su corazón en la educación con perspectiva de Derechos Humanos”, resumió Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S. En la educación y la formación en el área está la “verdadera herramienta”. “Necesitamos pensar en un plan nacional contra el negacionismo”, completó.

Representantes de ambos proyectos legislativos plantearon la posibilidad de unificar las iniciativas en un mismo texto.

Países como Alemania, Austria, Francia, Suiza, Bélgica, República Checa, Letonia y Liechtensein prohíben y sancionan estos discursos. En algunos casos, incluso con penas de prisión.

En el caso de que la Comisión de Derechos Humanos emita dictamen a alguno de estos proyectos, resta saber si deberá pasar por otra comisión antes de ingresar al recinto. Lo que es seguro es que no podrá ser discutido en Diputados antes del balotaje presidencial del 19 de noviembre.

La nueva conformación de la Cámara Baja, con mayor influencia del espacio de La Libertad Avanza presentará un escenario desafiante para la discusión de esta temática.

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