El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) publicó recientemente su informe sobre la ejecución presupuestaria del Sector Público Nacional (SPN) durante el primer semestre de 2025, desafiando la narrativa oficial que presenta un superávit fiscal como una realidad indiscutible.
Según el documento, el resultado financiero positivo de 3,1 billones de pesos (equivalente al 0,4% del Producto Bruto Interno) esconde una verdad mucho más preocupante: cuando se incluyen los intereses capitalizados por instrumentos financieros como LECAP, BONCAP y LEFI, que ascienden a 30,1 billones de pesos, el superávit se transforma en un déficit real de aproximadamente 27 billones de pesos.
Este balance ficticio se logró gracias a un fuerte ajuste fiscal en partidas fundamentales, que sufrió recortes significativos en comparación con 2023. Entre las áreas afectadas figuran la obra pública (-82,6%), los subsidios a la energía (-80,2%), los programas sociales (-46,3%), los salarios públicos (-22,2%) y las transferencias a las provincias (-41,2%). Aunque el gasto primario mostró un crecimiento interanual del 3,5%, esto fue impulsado principalmente por una base de comparación menor en 2024 y aumentos en partidas específicas como jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y PAMI, sin revertir el deterioro acumulado en el resto de las áreas.
En el frente de los ingresos, la recaudación se mantuvo gracias a un aumento real del 24,9% en aportes y contribuciones patronales, beneficio que contrasta con la caída de impuestos como Ganancias (-17,2%), retenciones y el impuesto PAIS. Como consecuencia, el esquema tributario se torna aún más regresivo, favoreciendo los impuestos al consumo y el trabajo formal frente a otros gravados.
Frente a este escenario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige un superávit primario del 1,6% del PBI para todo 2025, mientras el gobierno sólo logró un 0,9% en la primera mitad del año, anticipando mayores ajustes fiscales en la segunda parte del año, en un contexto de estancamiento económico y caída de la recaudación.
Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y referente del IPyPP, criticó fuertemente estos datos y la propuesta del presidente Javier Milei de penalizar a los legisladores que impulsan proyectos con déficit fiscal. Lozano señaló que esta iniciativa carece de sustento cuando el mismo gobierno lidia con un enorme déficit fiscal real encubierto por mecanismos financieros complejos. Además, alertó sobre las graves consecuencias sociales y económicas del ajuste duro que recorta el gasto público, la inversión social y la capacidad estatal para atender las demandas básicas de la población.
En definitiva, el informe del IPyPP y la reflexión de Lozano ponen en evidencia que el supuesto superávit declarado es una ficción contable que oculta un déficit creciente y una creciente carga financiera, en un contexto donde la sostenibilidad fiscal y social se encuentran en riesgo.