El Gobierno nacional encara las últimas semanas del período de sesiones extraordinarias con un objetivo político claro: que Javier Milei pueda inaugurar el año legislativo el 1° de marzo mostrando como trofeo la reforma laboral aprobada.
En la Casa Rosada y en el Congreso admiten que el calendario aprieta. El oficialismo busca ordenar votos propios y aliados, contener las disidencias internas y, al mismo tiempo, negociar artículo por artículo con bloques dialoguistas para asegurar los números en el recinto. El mensaje que transmiten los operadores libertarios es concreto: sin una señal fuerte en materia laboral, el discurso de apertura de sesiones perdería potencia ante los mercados y ante la propia base electoral de Milei.
El proyecto de reforma, que el Gobierno ya intentó impulsar primero vía Decreto de Necesidad y Urgencia y luego como parte de la “ley ómnibus”, apunta a modificar el régimen de indemnizaciones, ampliar el período de prueba, limitar las multas por trabajo no registrado y recortar el poder de los sindicatos en temas clave como las cuotas solidarias y la ultraactividad de los convenios colectivos. Estas iniciativas encendieron las alarmas del movimiento obrero organizado y derivaron en paros y movilizaciones de las centrales sindicales.
El nuevo esquema de negociación gira en torno a dos ejes: flexibilizar puntos para conseguir apoyos, pero mantener el núcleo de la desregulación que reclama el equipo económico. En los pasillos del Congreso se habla de posibles concesiones en materia de protección frente al despido y de un cronograma gradual para la implementación de ciertos cambios, mientras que el oficialismo se aferra a la idea de reducir costos laborales “no salariales” y dar más margen a los acuerdos por empresa.
El factor tiempo juega en contra. Los asesores parlamentarios calculan que, entre dictámenes de comisión, eventuales modificaciones en el recinto y la posterior revisión en la otra cámara, cualquier tropiezo puede postergar la votación más allá del 1° de marzo. Por eso, en paralelo al debate formal, se intensifican las conversaciones informales con gobernadores, cámaras empresarias y cúpulas sindicales, todos actores que pueden inclinar la balanza a favor o en contra de la reforma.
Para Milei, llegar a la apertura de sesiones con la reforma laboral sancionada significaría mostrar un triunfo político de alto impacto, luego de los traspiés iniciales con la ley ómnibus y las cautelares judiciales que frenaron partes del DNU. Para la oposición, en cambio, el escenario es una prueba de fuego: acompañar parcialmente, negociar cambios de fondo o plantarse y apostar al desgaste del oficialismo.
El resultado de esta carrera contrarreloj no sólo marcará el tono del discurso presidencial del 1° de marzo, sino que también anticipará cómo será la relación de fuerzas en el Congreso durante 2026 y qué margen real tendrá el Gobierno para avanzar con el resto de su agenda de reforma del Estado y de la economía.
Con NA.
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