CLAUDIO LOZANO Y UNIDAD POPULAR DENUNCIAN EL FALLO DE EE.UU QUE EXIGE CEDER EL 51% DE YPF
Unidad Popular, a través de Claudio Lozano, rechaza de manera categórica el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF y pagar US$16.100 millones a fondos buitre.
Lozano sostiene que la sentencia es “absolutamente inaceptable” y “carece de todo sustento y valor jurídico”, señalando que prioriza el estatuto de una empresa por encima de la Constitución Nacional y la ley de expropiación sancionada por el Congreso argentino.
“Exigir el respeto del Estatuto de una compañía por encima de lo que establece la Constitución Nacional y la expresa autorización por Ley, del Congreso de la Nación respecto a la expropiación de YPF, es sencillamente un disparate”, afirma Lozano, quien además denuncia que el estatuto en cuestión fue diseñado para favorecer intereses privatistas durante el menemismo.
Para Unidad Popular, el fallo de Preska sólo puede entenderse en el marco de una ofensiva más amplia para avanzar en la reprivatización de YPF y el control privado de Vaca Muerta, objetivo que atribuyen al actual gobierno nacional y a sectores corporativos. Lozano advierte que la designación de funcionarios ligados al Grupo Techint en la conducción de YPF y la Secretaría de Energía revela una estrategia para garantizar el control privado de los recursos energéticos y consolidar “la política de saqueo”.
El dirigente también vincula la sentencia con un intento de disciplinar al sistema político y descabezar a la oposición en la provincia de Buenos Aires, en un contexto preelectoral. Lozano enumera una serie de hechos recientes —como la campaña de AmCham por la “Ficha Limpia”, la prohibición de ingreso a EE.UU. de Cristina Fernández de Kirchner, y la presión judicial sobre referentes opositores— que, según su análisis, forman parte de una ofensiva coordinada para condicionar la vida política argentina.
Desde el punto de vista jurídico, Lozano y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) coinciden en que la estrategia correcta es litigar y apelar el fallo, advirtiendo sobre el riesgo de que el gobierno argentino acepte negociar con los fondos demandantes. Consideran que la sentencia de Preska es inaplicable, ya que contradice la Ley 26.741 —que exige autorización del Congreso para transferir acciones de YPF— y desconoce la inmunidad soberana del Estado argentino. Además, especialistas advierten que la decisión de Preska aún no está firme y fue apelada ante las cámaras de EE.UU., por lo que la ejecución ordenada es “controvertida” y “no cumple con los requisitos para la ejecución de una sentencia extranjera conforme al derecho argentino”.
Unidad Popular también cuestiona la histórica “prórroga de jurisdicción” que permite que litigios contra el Estado argentino se diriman fuera del país, y denuncia que sin esa cesión de soberanía, ni el esquema de “argentinización” de YPF que benefició a grupos privados, no existiría el actual conflicto judicial. Lozano subraya que la expropiación de YPF fue la mejor decisión para preservar los recursos nacionales y que el objetivo de los fondos demandantes sigue siendo el control privado de Vaca Muerta.
Finalmente, Unidad Popular llama a conformar un gran frente de fuerzas populares para rechazar el fallo, defender la soberanía sobre los recursos y evitar que el sistema político argentino se convierta en “una farsa institucional que garantice el saqueo y la desigualdad”. También se suma al pedido de otros sectores sociales y políticos de impulsar una acción declarativa de nulidad del fallo y promover un referéndum para que el pueblo argentino se pronuncie sobre la sentencia y el pago de la indemnización.
Con NA.
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