CINCO EMPRESAS PÚBLICAS PASARON A SER SOCIEDADES ANÓNIMAS EN EL PLAN PRIVATIZADOR QUE PIDIÓ EL FMI
El Gobierno oficializó la conversión de cinco empresas estatales en sociedades anónimas como parte de su estrategia de ajuste y reforma del Estado. La medida, que incluye a Télam, la empresa de Navegación Aérea EANA y Fabricaciones Militares, fue presentada como un paso hacia la «modernización», pero responde también a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, oficializó este jueves la transformación de cinco empresas públicas en Sociedades Anónimas (S.A.), en lo que representa un nuevo paso dentro del programa de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei. La decisión fue registrada por la Inspección General de Justicia (IGJ), órgano dependiente de la Secretaría de Justicia, bajo el título “Motosierra”, y se enmarca en la estrategia oficial de reducir el gasto público y reformar el funcionamiento del Estado.
Las empresas estatales alcanzadas por la medida son: Corporación Buenos Aires Sur, Fabricaciones Militares, Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Administración General de Puertos (AGP) —que fue absorbida por la nueva Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN)— y Télam, que fue directamente disuelta. Desde el Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, argumentaron que el cambio de estatus permitirá a estas entidades «rendir cuentas como cualquier compañía privada», con balances obligatorios y mecanismos de control más estrictos.
“El objetivo es poner fin al uso político de estas empresas públicas”, se justificaron desde el Ministerio, en un mensaje que apunta a consolidar la idea de eficiencia estatal bajo parámetros empresariales. Esta política se suma a otras acciones recientes del Ejecutivo nacional que alertaron, como la intervención sobre organismos vinculados a los derechos humanos y la suspensión de fondos públicos asignados al Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).
Precisamente, el pasado 3 de abril, el Ministerio había anunciado la paralización de pagos por más de $3.000 millones gestionados por 13 organismos de Derechos Humanos, aludiendo una supuesta falta de fiscalización. La respuesta no se hizo esperar: los organismos afectados emitieron un comunicado donde aseguraron que todos los fondos cuentan con la firma de control del Estado y advirtieron que los recursos suspendidos afectan mayoritariamente a salarios de trabajadores encargados de sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Con estas decisiones, el gobierno continúa profundizando su plan de reestructuración del sector público, cumple con los reclamos del FMI, al tiempo que enfrenta fuertes críticas desde sectores sindicales, sociales y de derechos humanos. Las próximas semanas serán clave para observar si estas medidas derivan en conflictos judiciales, reclamos gremiales o nuevas protestas.
Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/
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