ASIGNACIONES SOCIALES PARA CIUDADANOS ISRAELÍES EN ARGENTINA: ¿SOLIDARIDAD O CONTADICCIÓN POLÍTICA?
En medio de un ajuste económico sin precedentes que golpea duramente a jubilados, trabajadores estatales y sectores vulnerables, el gobierno de Javier Milei oficializó un convenio bilateral con Israel que permite a ciudadanos israelíes residentes legalmente en Argentina acceder a beneficios del sistema previsional nacional, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones por maternidad o discapacidad.
Este acuerdo, vigente desde mayo de 2024 y formalizado en junio de 2025 mediante su publicación en el Boletín Oficial, establece además un esquema de reciprocidad para argentinos residentes en Israel, quienes podrán acceder a prestaciones similares en ese país.
Contexto y críticas
La medida ha generado una fuerte polémica y rechazo en redes sociales y sectores críticos, que denuncian una doble vara en la gestión pública. Mientras el gobierno congela jubilaciones, veta aumentos salariales para estatales y reduce fondos en hospitales emblemáticos como el Garrahan, se destinan recursos para sostener asignaciones sociales a ciudadanos extranjeros. Esta situación se produce en un contexto de inflación persistente, caída del poder adquisitivo y creciente pobreza, donde el Estado arguye falta de fondos para atender las necesidades básicas de la población.
¿Coherencia doctrinaria o contradicción ideológica?
El convenio con Israel refleja una lógica política que prioriza los vínculos geopolíticos y estratégicos por encima de la justicia social interna. Milei, quien promueve un Estado mínimo y el fin de privilegios, administra el gasto público con criterios selectivos: elimina derechos para los argentinos pero sostiene beneficios para extranjeros aliados, en este caso Israel, con quien además ha firmado un memorando estratégico para cooperación en seguridad y lucha contra el terrorismo. Esta alianza se enmarca en una política exterior que busca fortalecer lazos con Tel Aviv, incluso con planes de trasladar la embajada argentina a Jerusalén Occidental.
Lejos de ser un acto técnico o administrativo, el convenio con Israel evidencia la verdadera escala de prioridades del gobierno de La Libertad Avanza. En un país donde la pobreza infantil supera el 60% y los sistemas públicos de salud y educación están al borde del colapso, decisiones como esta alimentan la sensación de injusticia y abandono. El ajuste no es solo económico, sino una decisión política e ideológica que profundiza las desigualdades internas y privilegia intereses internacionales sobre las necesidades urgentes de la población argentina.
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