El gobierno de Javier Milei ha anunciado un paquete de medidas económicas que, según expertos y críticos, podrían convertir a Argentina en un verdadero paraíso fiscal, con un alto riesgo de facilitar inversiones “oscuras” y lavado de dinero.
Entre las principales iniciativas se destacan un blanqueo masivo de dólares sin exigir la justificación del origen de los fondos, la desregulación de productos importados y la flexibilización del acceso a divisas del exterior. Estas políticas forman parte del plan oficial para atraer capitales y reactivar la economía, pero han despertado fuertes alertas sobre sus posibles consecuencias negativas.
Medidas que abren la puerta al dinero ilícito
El blanqueo impulsado por Milei elimina controles clave que antes obligaban a reportar el origen del dinero, lo que facilita que capitales de procedencia dudosa ingresen al sistema financiero argentino sin ser detectados. Como señaló un juez de Comodoro Py, estas prácticas podrían configurar instigación al delito de lavado de dinero, ya que las normas legales exigen reportar operaciones sospechosas y justificar el origen de los fondos1.
Además, la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en reemplazo de la AFIP implica una reducción significativa del personal dedicado a la fiscalización, especialmente sobre grandes contribuyentes, lo que debilita la capacidad estatal para controlar la evasión y el lavado.
Advertencias de expertos y organismos internacionales
José “Pepe” Sbatella, ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), advirtió que Argentina corre el riesgo de volver a ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que significaría ser marginada de los circuitos financieros legales internacionales. Sbatella criticó la visión del presidente Milei, que separa la economía de la seguridad y minimiza el impacto del lavado de dinero en la economía formal.
Por su parte, organizaciones como Global Tax Justice y la Fundación SES han señalado que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), junto con la desregulación fiscal, pueden transformar al país en un refugio para capitales ilícitos, afectando gravemente la recaudación estatal y la transparencia fiscal.
El impacto en la economía y la sociedad
El discurso oficial presenta estas medidas como una oportunidad única para atraer inversiones y potenciar el crecimiento económico, con Milei afirmando que “Argentina está baratísima” y que el país puede convertirse en una potencia mundial si se aprovecha esta coyuntura. Sin embargo, la realidad podría ser distinta: la entrada de capitales sin control puede distorsionar la competencia, favorecer a sectores privilegiados y aumentar la desigualdad fiscal, mientras que la industria nacional y el empleo local podrían verse afectados por la apertura indiscriminada de importaciones.
La combinación de blanqueo sin control, desregulación y debilitamiento de la fiscalización coloca a Argentina en un escenario de alto riesgo para convertirse en un paraíso fiscal y delictivo. La falta de mecanismos efectivos para prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal podría abrir las puertas a inversiones “oscuras”, con consecuencias negativas para la economía formal, la justicia tributaria y la seguridad nacional.
Argentina enfrenta así un dilema crucial: seguir un camino que podría atraer capitales a corto plazo pero socavar su integridad financiera y reputación internacional, o fortalecer los controles para garantizar un desarrollo económico transparente y sostenible.
Esta nota fue elaborada para Notigital con base en análisis y advertencias de expertos, informes periodísticos y organismos internacionales sobre las recientes políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Y con información de NA.