Buenos Aires, 23 de mayo 2026. El gobierno de Javier Milei presentó un nuevo sistema basado en inteligencia artificial que, según explicaron desde la administración nacional, buscará anticipar y diseñar políticas públicas mediante el cruce de datos de la población. Sin embargo, el anuncio despertó fuertes cuestionamientos de especialistas en privacidad, tecnología y derechos digitales, quienes advirtieron sobre los riesgos de concentración de información sensible y posibles mecanismos de vigilancia social.
La iniciativa fue presentada como una herramienta de modernización estatal capaz de procesar grandes volúmenes de información para mejorar la eficiencia del Estado. No obstante, distintas voces alertaron que la creación de una base unificada con datos personales podría abrir la puerta a prácticas de perfilamiento ciudadano, monitoreo masivo y utilización opaca de información privada.
Entre las principales preocupaciones aparece la falta de precisiones oficiales sobre qué empresas tecnológicas participarían del proyecto, cómo se almacenarán los datos y quiénes tendrán acceso al sistema. También remarcaron que no se conocen detalles sobre los mecanismos de auditoría, control y transparencia que tendría la plataforma.
Especialistas en protección de datos sostienen además que Argentina no cuenta actualmente con una legislación actualizada capaz de responder a los desafíos que plantea la inteligencia artificial y el uso masivo de información sensible. En ese sentido, señalaron que los organismos de control existentes presentan limitaciones estructurales y escasos recursos para fiscalizar eventuales abusos o filtraciones.
El debate también se trasladó al plano político y social. Organizaciones vinculadas a los derechos civiles advirtieron que, sin límites claros, este tipo de herramientas podrían derivar en prácticas de vigilancia estatal incompatibles con garantías constitucionales como la privacidad y la libertad individual.
Mientras el oficialismo defiende el proyecto como un avance tecnológico orientado a mejorar la gestión pública, crecen los interrogantes sobre los alcances reales de un sistema que podría concentrar datos sensibles de millones de argentinos bajo la órbita del Estado.
Con NA.
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