BUENOS AIRES, 7 de abril de 2026.- El Juzgado en lo Correccional N.º 6 de San Isidro dictó este martes un fallo de alto impacto institucional. La Justicia condenó a un fiscal, un testigo y dos abogados por montar una maniobra ilegal. El objetivo era desviar la investigación del robo a Sergio Massa. El asalto ocurrió en 2013 en la vivienda que el exministro comparte con Malena Galmarini en el partido de Tigre.
En este sentido, el juez Hernán Archelli aplicó una pena de seis años de prisión al fiscal Carlos Washington Palacios. Asimismo, los letrados Esteban Mauricio Español y Tomás Ángel Pérez Bodria recibieron cinco años de cárcel. Por su parte, el testigo César Emiliano Jaunarena recibió una condena de cuatro años de prisión efectiva por su rol en el encubrimiento.
Maniobras de impunidad para favorecer al prefecto
La resolución judicial confirmó una maniobra coordinada que funcionó entre 2014 y 2015. El grupo buscaba mejorar la situación procesal de Alcides Gorgonio Díaz. Este prefecto ya cumple una condena de 13 años de prisión por ser el autor material del robo a Sergio Massa. La banda intentó anular las pruebas que incriminaban al agente de inteligencia.
Bajo esta premisa, el fiscal Palacios direccionó la instrucción de forma deliberada. El funcionario enfocó sus esfuerzos en desacreditar las actuaciones policiales originales. No obstante, el magistrado acreditó que el fiscal abandonó su rol legítimo para fabricar una defensa falsa para el prefecto. El fallo describe este accionar como una “erosión al sistema de administración de justicia”.
El rol de los letrados y la fabricación de pruebas falsas
Por otro lado, los abogados Español y Pérez Bodria instruyeron al testigo Jaunarena para mentir ante el tribunal. El testigo declaró falsamente que se había secuestrado más dinero del consignado en las actas oficiales. Asimismo, afirmó que personas no identificadas habían ingresado con bolsos al domicilio allanado en Tigre. Sin embargo, los investigadores probaron que estos relatos fueron inventados para ensuciar la causa.
Asimismo, el contexto de este juicio recuerda que Washington Palacios ya enfrentó consecuencias previas. El Jurado de Enjuiciamiento lo destituyó de su cargo en 2019. Aquel proceso ya señalaba las irregularidades cometidas para proteger al prefecto Díaz. El actual veredicto de San Isidro cierra un círculo de impunidad que buscaba beneficiar a un delincuente con nexos en las fuerzas de seguridad.
Para dictaminar el veredicto condenatorio, el titular del Juzgado N.º 6 se basó en la carencia de atenuantes y en los agravantes: “la gravedad institucional de los hechos y la erosión al sistema de administración de justicia; el entrecruzamiento de vínculos ilícitos; la participación de más de tres personas; la instrumentalización de una persona en situación de vulnerabilidad y el uso del aparato judicial y de la función fiscal con fines espurios”.
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