Siete días después de que MiPeriódico revelara el mecanismo de impunidad en Tres de Febrero, un nuevo recorrido confirma que nada ha cambiado. El ciclo denunciado —descarga sin sanción, amenazas, acumulación y limpieza facturada— se repite con exactitud.
La persistencia de basurales a cielo abierto —un riesgo sanitario que enferma y fractura a la comunidad— no es producto de un simple descuido, sino la consecuencia de un sistema cuyos canales oficiales eligen no enfrentar el problema.
Este domingo se registró una nueva y masiva acumulación de basura ilegal en el cruce de Hugo del Carril y el Metrobús R8. Las imágenes también muestran otros puntos del mismo circuito: Hugo del Carril y París, Hugo del Carril y Brasil, en Loma Hermosa, y el Parque junto al Metrobús R8, en el barrio 11 de Septiembre. Las evidencias confirman dos hechos centrales: el circuito sigue activo y la impunidad persiste.
La basura no remite únicamente a la suciedad. Expone relaciones de poder, desigualdades persistentes y la retirada de un Estado que habilita que el deterioro se incorpore a la vida cotidiana. Cuando el caos ambiental se vuelve paisaje, el problema central no es lo visible, sino aquello que deja de generar rechazo, indignación o pregunta.
El mensaje del abandono frente a las escuelas
En el centro, el microbasural frente a la Escuela Primaria N.º 36, en el cruce de Tucumán e Iguazú, en el barrio Churruca de Tres de Febrero. Arriba a la izquierda, otro foco de residuos ilegales frente al Jardín de Infantes N.º 921, en Tucumán y Churruca. La escuela, el jardín y la plaza jaqueadas por una basura que no se toma vacaciones. Foto: Edgardo Onischuk para MiPeriódico.
En el centro, el microbasural frente a la Escuela Primaria N.º 36, en el cruce de Tucumán e Iguazú, en el barrio Churruca de Tres de Febrero. Arriba a la izquierda, otro foco de residuos ilegales frente al Jardín de Infantes N.º 921, en Tucumán y Churruca. La escuela, el jardín y la plaza jaqueadas por una basura que no se toma vacaciones. Foto: Edgardo Onischuk para MiPeriódico.Un basural frente a una escuela transmite una lección silenciosa pero contundente: el Estado no espera nada de ese alumno, y ese alumno aprende que tampoco puede esperar nada del Estado.
La situación se repite en distintos puntos del distrito. Se registraron residuos arrojados ilegalmente sobre la calle Santiago del Estero, entre Hugo del Carril e Iguazú, en Loma Hermosa. También se identificaron focos críticos en Tucumán e Iguazú, en el barrio Churruca, frente a la Escuela N.º 36, y en Tucumán y Churruca, en el barrio homónimo, frente al Jardín de Infantes N.º 921.
El espacio público es el primer texto que un niño aprende a leer sobre cómo funciona la comunidad. Si ese texto está escrito con desorden, abandono e impunidad, esas se convierten en las reglas internalizadas.
Mientras la escuela, como institución estatal, transmite valores a través del discurso, el entorno los desmiente con hechos. El resultado es la construcción temprana de la desconfianza y de una noción de autoridad asociada a la ausencia o la complicidad.
Entre el 19 y el 25 de enero, este medio volvió a recorrer los puntos críticos. La conclusión es alarmante. El esquema no solo continúa, sino que se ha consolidado. Un vecino de Loma Hermosa, que pidió reserva de identidad, lo resume con claridad: “Es exactamente lo mismo. Pasan, limpian un poco y a las horas ya está todo sucio otra vez. Es un circo”.
La persistencia del circuito confirma un dato clave: el sistema no cambia porque no existe un plan real para que cambie.
En Tres de Febrero se demostró que la erradicación de microbasurales es viable, como ocurrió en barrios como Churruca, El Libertador, 11 de Septiembre y Caseros a partir de órdenes judiciales. Sin embargo, la falta de seguimiento y la ausencia de voluntad por parte de la Justicia para hacer cumplir sus propias resoluciones —que exigían a los funcionarios municipales presentar planes de erradicación— convirtió el avance en un retroceso, reinstalando el abandono y la impunidad.
La lógica que emergió fue cruda. Quienes debían garantizar la ley entendieron que erradicar los microbasurales terminaba con el negocio de la remediación eterna. En consecuencia, el sistema optó por proteger el circuito económico del abandono antes que el derecho constitucional a un ambiente sano.
La ecuación económica de la impunidad
La lógica es simple. No se erradican los basurales: se los gestiona. La falta de sanciones reduce el riesgo del vuelco ilegal. Al mismo tiempo, el municipio financia limpiezas recurrentes. Es más fácil pagar retiros que invertir en control y vigilancia sostenida.
El negocio no está en resolver el problema, sino en administrarlo. El caos se mantiene y los barrios pagan el costo.
Un integrante del equipo de investigación lo sintetiza así: “No es que el sistema falle. Está diseñado para funcionar de esta manera”.
Un contraste posible: la experiencia internacional
Mientras en Tres de Febrero la inacción se repite, en distintas ciudades del mundo se consolidaron políticas que demuestran que los basurales ilegales no son un fenómeno inevitable, sino una consecuencia de decisiones —o de su ausencia—. La evidencia internacional es clara: el problema se resuelve cuando hay voluntad política sostenida, no cuando se lo deja madurar.
En América Latina y en Europa, gobiernos locales que enfrentaban situaciones incluso más críticas optaron por intervenir sobre las causas del caos ambiental, en lugar de limitarse a administrar sus efectos. Programas desarrollados en ciudades como Medellín o Copenhague combinaron controles permanentes, sanciones efectivas y participación comunitaria real, con resultados medibles en plazos relativamente breves.
En el Caribe, experiencias como la de Kingston, Jamaica, refuerzan esa misma lógica. Allí, un plan integral articuló multas significativas, vigilancia constante y educación ambiental desde la escuela. En menos de dos años, los basurales ilegales dejaron de ser parte del paisaje urbano. Un problema crónico se transformó en un caso documentado de recuperación del espacio público.
El patrón se repite: donde hubo control, sanción y continuidad, el caos ambiental retrocedió. Donde faltó decisión política, la basura siguió acumulándose.
Desde esta perspectiva, el contraste con Tres de Febrero no es geográfico ni cultural, sino político. Mientras en otros lugares se implementan políticas basadas en evidencia y resultados, aquí se sostiene un esquema que convierte el problema en negocio permanente para quienes viven de la limpieza sin solución.
La pregunta, entonces, no es técnica sino política: ¿cuándo Tres de Febrero decidirá alinearse con las soluciones, en lugar de seguir ampliando el repertorio de problemas conocidos?
El costo real
En Tres de Febrero, la basura ilegal es el síntoma de un problema mayor: un sistema que elige la impunidad sobre el derecho a un ambiente sano. La solución no depende solo de limpiar, sino de auditar, exigir y multar a quienes permiten que el vandalismo ambiental y el abandono se conviertan en la normalidad del barrio, e implementar programas de erradicación con participación activa de los vecinos, los principales afectados y custodios de su propio territorio.
Fuente: https://www.miperiodico.com.ar/
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