Martin Menem y Patricia Bullrich, en tándem, salieron a reinstalar la discusión. Las críticas de los organismos de derechos humanos.
La reforma laboral para arrasar con los derechos en que puedan llegar a ampararse si tienen la suerte de conseguir un trabajo no es la única iniciativa del gobierno libertario para los más jóvenes en el año que comienza. Patricia Bullrich y Martín Menem, alfiles legislativos y mediáticos del presidente Javier Milei, salieron a instalar que también piensan retomar un viejo caballito de batalla de todos los gobiernos de derecha: la baja de la edad de imputabilidad, que equipara a niños, niñas y adolescentes con personas mayores, no mejora ninguno de los problemas del actual régimen penal juvenil, y mucho menos resuelve la violencia y el delito.
Menem, presidente de Diputados, usó un titular sobre la muerte de Jeremías Monzón, un pibe de 15 años asesinado en Santo Tomé por el que está imputada su ex novia de 16 años (presa en un centro de menores de Rosario) y del que participaron dos menores de 14 años. “Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, escribió el riojano para intentar justificar la supuesta urgencia de encerrar menores. “En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal”, agregó. “No hay medias tintas: el que las hace, las paga”, repitió la muletilla de Bullrich, y aseguró que “tenemos clara nuestra posición”.
La jefa del bloque de senadores libertarios lleva un par de días machacando con el mismo caso para instalar el tema y desviar la mirada de los indicadores que preocupan al gobierno. “La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”, escribió el jueves. “Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitás nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, siguió ayer.
En mayo del año pasado el gobierno logró que las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto de la cámara baja aprobaran un dictamen para reformar el régimen penal juvenil equiparando a niños con mayores y bajando la edad de imputabilidad a 14 años. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció entonces que la iniciativa contraría la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las consideraciones señaladas especialmente para la Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Con esta ley no solo se baja a 14, sino que, además, no existe distinción alguna entre una persona de 14 y una de 17 a la hora de evaluar la pena correspondiente. Esta medida apunta más a dar un efecto mediático que a resolver efectivamente los problemas vinculados al delito. Según las estadísticas, los delitos graves cometidos por menores son ínfimos”, advirtió el CELS.
Según un informe de UNICEF no hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad de la población.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/
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