Mientras Argentina reduce gravámenes en agroindustria, minería, bienes de lujo y negociados inmobiliarios, Brasil exime del impuesto a las ganancias a los ingresos más bajos y traslada el costo al 0,13% más rico. En lo laboral, el dilema es flexibilizar o ampliar derechos.
Redacción Canal Abierto | En los últimos meses, las dos principales economías de Sudamérica vienen impulsando reformas para transformar sus mercados laborales y sistemas impositivos.
Aunque en ambos casos el argumento es la necesidad de ganar “mayor competitividad” frente al mercado global, sus estrategias y prioridades son profundamente distintas. A continuación, un análisis de los ejes principales y sus implicancias.
A grandes rasgos, la Argentina de Javier Milei apuesta a un modelo de liberalización y reducción de cargas tributarias para sectores concentrados y exportadores, como es la baja de retenciones para el complejo agroindustrial (del 12 a 9,5% en maíz y sorgo, 7 al 5,5 en girasol, del 33 al 26% en soja y del 31 a 24,5% en subproductos de soja).
Un beneficio que derramará sobre unos pocos productores, pero sí seguirá ensanchando los márgenes de ganancias de las grandes exportadoras. ¿Quiénes son? Cofco, Bunge, Louis Dreyfus, Viterra y Cargill, las mismas que en octubre pasado aprovecharon el plan “retenciones cero” lanzado por el Gobierno para salvar su esquema cambiario y llegar con vida a las elecciones.
En el caso de la minería, la política fue directamente la eliminación del gravamen, fijando la alícuota en 0% mediante el Decreto 563/2025 para más de 230 productos mineros (aunque el litio y la plata mantuvieron un 4.5%).
Solo en 2024, las exportaciones de productos minerales significaron ingresos en concepto de derechos de exportación por un total de $566.942 millones, de acuerdo con datos de ARCA.
A estos “alivios fiscales” -como suele promocionar el ministro “Toto” Caputo- hay que sumar otros implementados desde diciembre de 2023, como la eliminación del impuesto PAIS -entre otras cosas, financiaba obras de infraestructura en barrios populares- la baja de impuestos internos y aranceles de importación a los autos o embarcaciones de lujo.
O bien los cambios en las alícuotas en Bienes Personales, uno de los pocos impuestos diseñados para gravar a los estratos más ricos que se redujo significativamente con la aprobación del “paquete fiscal” incluido en la Ley Bases. El mismo proyecto incluyó la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, un duro golpe al bolsillo de cientos de miles de trabajadores.
Ni hablar de los sucesivos blanqueos –como el denominado “inocencia fiscal”, que se comenzará a implementar a la brevedad-, orientados a favorecer la utilización de divisas no declaradas u originadas en actividades ilícitas en el mercado formal (normalmente, el inmobiliario y con fines especulativos).
En Brasil, el gobierno de Lula avanza en una dirección diametralmente opuesta. La reforma del impuesto a la renta recientemente impulsada establece la exención total del tributo para quienes ganan hasta 5.000 reales mensuales.
Además, se reducen las alícuotas para ingresos medios y se incrementa la carga fiscal sobre los sectores de mayores ingresos, incluyendo grandes fortunas y rentas elevadas.
De esta forma, el alivio económico de decenas de millones de trabajadores se compensa con una progresividad que sólo va a afectar al 0,13% más rico (quienes declaren ingresos anuales superiores a los 223 mil dólares), evitando su impacto fiscal.
El objetivo explícito es corregir la regresividad del sistema tributario brasileño, históricamente basado en impuestos al consumo, y fortalecer el ingreso disponible de los hogares trabajadores para dinamizar el mercado interno.
Pero el contraste no se limita a lo fiscal. En el plano laboral, el gobierno brasileño respalda y habilita un debate que en Argentina parece clausurado: la reducción de la jornada laboral. En el Congreso avanza un proyecto para poner fin al régimen conocido como 6×1 —seis días de trabajo por uno de descanso— y establecer esquemas con más días de descanso semanal, sin reducción salarial.
La iniciativa, impulsada por sindicatos y respaldada por sectores del oficialismo, busca mejorar las condiciones de vida, reducir el desgaste laboral y repartir mejor el tiempo de trabajo, en un país con altos niveles de precarización y extensas jornadas.
En Argentina, en cambio, la receta es distinta, pero similar a lógicas como las ya aplicadas por Menem en los años 90´ o el DNU 70/2023, la primera mega reforma decretada por Milei (hoy parcialmente congeladas por decisión judicial).
Entre sus principales ejes destacan: la reducción de indemnizaciones por despido, prioridad de los convenios por empresa por sobre los acuerdos colectivos sectoriales, limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, ampliación de los períodos de prueba y mayor facilidad para despedir.
El resultado es un modelo que abarata el despido, debilita la negociación colectiva y reduce la capacidad redistributiva del sistema impositivo, con el costo social trasladado a trabajadores y jubilados.
Fuente: https://canalabierto.com.ar/
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