El 28 de diciembre de 1990, el entonces presidente Carlos Menem firmó el indulto a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, líderes de la dictadura militar condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Esta decisión generó profundas divisiones en la sociedad argentina, al liberar a responsables de millas de desapariciones forzadas durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). El indulto no solo anuló penas de reclusión perpetua para Videla y Massera, sino también para otros como Roberto Viola y Armando Lambruschini, en un contexto de reconciliación promovida por el gobierno peronista.
Contexto del Juicio a las Juntas
El Juicio a las Juntas, iniciado en abril de 1985 bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, marcó un hito en la justicia transicional al probar un plan sistemático de represión. Videla y Massera recibieron perpetuamente por el secuestro, tortura y asesinato de 833 víctimas identificadas, aunque el tribunal reconoció un genocidio más amplio. Esta sentencia histórica validó testimonios de sobrevivientes y familiares, sentando precedentes para juicios posteriores en democracia.
Detalles del Indulto y Repercusiones
Menem argumentó el indulto como un acto de «punto final» para cerrar heridas de la dictadura, beneficiando también a civiles como José Alfredo Martínez de Hoz. Sin embargo, provocó marchas masivas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que lo consideraron una traición a las víctimas. Años después, muchos indultados se enfrentaron a nuevos procesos: Videla murió en prisión en 2013 por otros crímenes. El debate persiste sobre si esta medida fortaleció la impunidad o facilitó la transición democrática.
