GOBIERNO NACIONAL PRIVATIZA RUTAS CON FINANCIAMIENTO ESTATAL Y DESFINANCIA VIALIDAD: CONTRADICCIONES Y PARALIZACIÓN
Después de dos años de gestión, el Gobierno nacional lanzó un ambicioso plan para concesionar más de 9.000 km de rutas nacionales a empresas privadas, con el argumento oficial de modernizar la red vial y reducir el gasto del Tesoro. Luis Caputo, ministro de Economía, afirmó que las licitaciones —que incluyen financiamiento estatal del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)— son “el primer paso hacia una red vial moderna”.
Sin embargo, esta declaración esconde una contradicción fundamental: pese a hablar de inversión privada sin subsidios, el BICE aporta hasta el 70% del financiamiento total, con más de 56.000 millones de pesos en créditos en UVA +2% y plazos de hasta 6 años para la devolución.
Este modelo híbrido implica una fuerte presencia estatal facilitando los recursos económicos para que las empresas privadas puedan hacerse cargo de la infraestructura vial. La paradoja es que, mientras se promueve la privatización, el Estado sigue siendo un garante fundamental, desmintiendo el discurso de un retiro total del sector público.
Peor aún, durante estos dos años el ajuste fiscal implicó un recorte brutal en el presupuesto y obras de Vialidad Nacional, que se encontró con inversiones reducidas a menos del 15% de lo necesario y múltiples obras paralizadas en todo el país. Vialidad fue desfinanciada, desapareció como ministerio y perdió capacidad de gestión directa sobre la red vial. Así, el Gobierno construye un relato de ruptura con administraciones anteriores, intentando despegarse, cuando en realidad mantiene la estatalidad —pero sólo como financiador— mientras delega la operación y mantenimiento a privados.
El intendente Diego Valenzuela aplaudió la iniciativa privada para “mejorar y mantener la red vial, clave para la producción y el trabajo”, enmarcando positivamente la licitación. Pero no se aborda el costo real: el aumento en peajes, el riesgo para la calidad del servicio y la dependencia financiera del sector privado en el Estado. Además, la paralización previa y la desarticulación de Vialidad son consecuencias directas de esta política.
Este plan, lejos de ser una solución integral, es un experimento con un riesgo alto que resquebraja la gestión pública y la responsabilidad estatal sobre la infraestructura estratégica del país. Otros gobiernos también licitaron obras con participación privada, pero sin abandonar la función esencial del Estado como garante y ejecutor de obra pública.
En conclusión, el gobierno actual desfinancia a Vialidad Nacional y recurre a un financiamiento estatal encubierto para promover la privatización parcial de las rutas, bajo un relato de modernización que omite la paralización de obras y la precarización de la infraestructura nacional. Una fórmula que pone en cuestión la sustentabilidad y equidad del sistema vial argentino.
Con NA.
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