GOBIERNO DE MILEI AUTORIZA COMPRA DE FUSILES SEMIAUTOMÁTICOS A CIVILES CON POCOS REQUISITOS: UNA MEDIDA PREOCUPANTE
El gobierno de Javier Milei aprobó una normativa que autoriza a civiles la compra de fusiles semiautomáticos derivados de modelos militares bajo control del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta resolución reemplaza la prohibición previa y habilita así un régimen de autorización que genera gran controversia por las implicancias en la seguridad pública.
La medida establece que los interesados en adquirir estas armas deben cumplir ciertos requisitos, entre los que se destacan tener una antigüedad mínima de cinco años como usuario de armas y justificar el uso para fines deportivos. Sin embargo, especialistas y sectores sociales advierten que estos requisitos, considerados «pocos y laxos», no garantizan la seguridad ni evitan el riesgo de que estas armas ingresen al mercado ilegal o sean usadas con fines delictivos.
Entre las armas autorizadas se incluyen fusiles y subametralladoras semiautomáticas que utilizan cargadores de quita y pon, piezas que provienen de modelos militares y que tienen calibres superiores al estándar menor .22 LR. La normativa permite que legítimos usuarios y entidades deportivas accedan a este tipo de armamento, lo que abre interrogantes sobre su control efectivo.
Contrariamente a lo que sostiene el gobierno, esta flexibilización puede incrementar la circulación de armas de alto poder entre civiles, algo que expertos en seguridad pública califican como un error. La trazabilidad y justificación deportivas, pilares de la norma, podrían no ser suficientes para prevenir acarreos indebidos o usos ilegales, generando un problema mayor al que intenta resolver.
En un contexto nacional donde la violencia y los delitos con armas de fuego son preocupaciones recurrentes, esta medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, referentes políticos y expertos, quienes solicitan una revisión profunda y políticas más restrictivas para evitar riesgos innecesarios.
Este cambio normativo marca un giro en la política de control de armas en el país, y pone sobre la mesa un debate urgente sobre los límites y responsabilidades en la tenencia y uso civil de armamento semiautomático y militarizado.
Con NA.
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