DENUNCIA PENAL POR FRAUDE EN LAS RETENCIONES CERO: ACUSAN AL PRESIDENTE Y FUNCIONARIOS POR MULTIMILLONARIA MANIOBRA QUE BENEFICIÓ A EMPRESAS AGROEXPORTADORAS
Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, junto a los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya, y la ingeniera María Eva Koutsovitis, todos candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal acusando al Presidente de la Nación, al Jefe de Gabinete y al Ministro de Economía por presunta defraudación multimillonaria vinculada al Decreto N° 682/2025, conocido como “Retenciones”. Cero”.
La denuncia sostiene que este decreto, que estableció un cupo de USD 7.000 millones para exportaciones sin el pago de derechos de exportación, no fue una medida para fomentar las exportaciones sino un plan diseñado para beneficiar de forma ilegítima a un pequeño grupo de empresas agroexportadoras. Entre las firmas señaladas están Cargill, LDC, AGD, Bunge, Cofco, Molinos Agro y Viterra, que concentraron cerca del 90% del beneficio fiscal.
Según la presentación, el cupo se agotó en solo dos días (23 y 24 de septiembre de 2025) con un volumen declarado cercano a 20 millones de toneladas, equivalente a un perjuicio fiscal estimado en USD 1.540 millones. Se denuncia que la operación fue materialmente imposible bajo condiciones normales de mercado, ya que implicaría un movimiento logístico que colapsaría al país, y que muchas declaraciones correspondían a mercadería aún no cosechada, configurando un acto especulativo.
Además, se acusa a los funcionarios públicos de omitir controles exigidos por la Ley 26.351, que exige la acreditación fehaciente de la mercadería para evitar especulación fiscal. De no presentar la documentación que certifique la tenencia real de los granos, las DJVE deben ser declaradas nulas y aplicar las alícuotas anteriores al decreto, lo que implicaría una pérdida directa millonaria para las empresas y un perjuicio para los productores agropecuarios, quienes solo recibieron una parte menor del beneficio fiscal.
La denuncia solicita medidas cautelares urgentes que incluyen:
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Suspensión inmediata de la tramitación y validez de las DJVE presentadas bajo el decreto.
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Obligación a las empresas denunciadas de acreditar en 48 horas la tenencia o adquisición real de la mercadería declarada.
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Declaración de nulidad de las DJVE sin acreditación, con aplicación de alícuotas originales de retenciones.
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Suspensión de permisos de embarque, exportación física y liquidación de divisas vinculadas a esas operaciones hasta resolver la causa.
Esta acción judicial es un duro golpe contra la política de retenciones inaugurada por el Decreto 682/2025, señalando un presunto fraude en perjuicio del Estado y la economía nacional, que está siendo investigado en el ámbito federal.
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