LA CTA AUTÓNOMA ACOMPAÑO A FAMILIARES EN EL CONGRESO PARA REPUDIAR EL VETO DE MILEY A LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD

La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) se sumó activamente a la movilización al Congreso Nacional junto a familiares de personas con discapacidad y otras organizaciones sociales, en un fuerte repudio al veto presidencial de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El contexto: el lunes se oficializó, mediante el Decreto 534/2025, el veto completo de Milei a la ley previamente sancionada por el Congreso, que declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026 y preveía nuevas pensiones no contributivas, actualizaciones automáticas de aranceles para prestadores, y medidas de protección para millas de personas y familias afectadas. La medida fue justificada por el Ejecutivo nacional alegando falta de recursos y necesidad de equilibrio fiscal, aunque organizaciones del sector advierten que el costo fiscal de la ley era mínimo en relación con el Presupuesto nacional y que negar estos apoyos es “abandonar y excluir a los sectores más vulnerables”.

La movilización: diversas agrupaciones, incluyendo la CTA Autónoma y numerosos colectivos que nuclean a personas con discapacidad, familiares, prestadores, sindicatos docentes y empleados estatales, marcharon desde el Congreso a Plaza de Mayo, con actividades paralelas en otras plazas del país. La consigna central fue el rechazo al veto y la exigencia de que el Congreso insista con los dos tercios para revertir la decisión del Presidente. Se realizaron radios abiertas, semaforazos y se leyó un documento unificado frente a la Casa Rosada, denunciando la profundización del ajuste y la situación crítica del sector discapacidad.

Declaraciones y demandas: las organizaciones participantes, entre ellas el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), manifiestan que la ley era urgente y esencial para garantizar derechos y apoyos básicos a personas que hoy sólo perciben salarios ínfimos, carecen de acceso a pensiones o dependencia de servicios que no reciben actualización suficiente en los aranceles. Señalaron además que el veto implica un riesgo concreto de cierre de centros y prestadores, y profundizar las brechas sociales y de acceso a la salud y la asistencia.

De esta manera, la CTA Autónoma ratificó su compromiso histórico con los derechos humanos y sociales y reclamó el fin de las políticas de ajuste que afectan principalmente a los sectores más vulnerables, llamando a la unidad y la movilización para revertir la decisión presidencial y garantizar la plena vigencia de la ley.