Las Abuelas de Plaza de Mayo presentaron ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Dra. Alicia Vence, un pedido para declarar la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto N° 351/2025, que consideran deja en extrema vulnerabilidad al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Además, solicitaron una medida cautelar de no innovar para preservar las muestras biológicas y genéticas del BNDG, así como los instrumentos, equipamientos y tecnología utilizados para su resguardo y correcto funcionamiento.
El juzgado de San Martín es clave en la investigación de numerosos casos de apropiación de nietos y nietas, víctimas de la última dictadura, muchos de los cuales ocurrieron en la Zona de Defensa IV. En la Guarnición Militar «Campo de Mayo» funcionaron varios Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE), donde se ha comprobado el nacimiento de al menos ocho nietos restituidos hasta la fecha, además de la presencia de más de 30 mujeres embarazadas detenidas desaparecidas que dieron a luz en ese lugar. Estos hechos fueron probados en el Juicio Plan Sistemático de Apropiación de Menores, que demostró la sistematicidad del delito y la centralidad de la Zona de Defensa IV en este engranaje criminal.
El BNDG fue creado en democracia para resolver el delito de apropiación de menores durante la dictadura y, junto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), es fundamental para garantizar el derecho a la identidad. Las Abuelas advierten que el ataque a estas instituciones implica incumplir compromisos internacionales y por eso solicitan a la magistrada que garantice el cumplimiento de los mandatos constitucionales.
“Nunca bajaremos los brazos. Aún nos falta encontrar a 300 nietos y nietas. Los seguiremos buscando y reclamando al Estado que sostenga las políticas públicas que nos permitirán encontrarlos”, afirmaron desde la organización.
Este reclamo pone en alerta sobre la importancia de proteger los mecanismos que permiten reparar y esclarecer uno de los crímenes más atroces de la historia reciente argentina, y exige una respuesta judicial firme para garantizar la preservación de la memoria y la identidad.