Juan Grabois fue detenido tras ocupar junto a un grupo de militantes el edificio del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, un centro de estudios histórico que el gobierno de Javier Milei decidió cerrar recientemente, argumentando que representaba una «carga presupuestaria injustificada» con un gasto anual superior a 400 millones de pesos.
La acción de Grabois y sus seguidores, que incluyó la realización de una asamblea en el lugar, fue calificada por el Ministerio de Capital Humano como una «usurpación» y derivó en un desalojo policial con fuerte tensión y la detención del dirigente social.
Este episodio revive viejos fantasmas de la historia argentina, donde el peronismo fue proscripto durante 18 años tras el golpe de 1955, que incluyó bombardeos a Plaza de Mayo y la demolición de la antigua residencia presidencial de Perón, hoy patrimonio histórico. Grabois denunció que el gobierno actual, al cerrar el instituto y desmantelar sus símbolos, busca borrar la memoria y proscribir ideologías opositoras mediante la fuerza y no a través del voto, un método que históricamente fracasó y solo generó mayor conflictividad social.
La detención de Grabois marca un punto de inflexión en el gobierno de Milei, que se radicaliza hacia un autoritarismo que no tolera la protesta ni la disidencia institucional. El primer preso político por manifestarse en la Argentina contemporánea es un claro síntoma de esta deriva antidemocrática, que contradice las críticas previas del oficialismo hacia otros países con presos políticos. La ofensiva contra el Instituto Juan Domingo Perón y sus defensores simboliza un intento de cerrar y atacar a todo aquel que se oponga al gobierno, poniendo en riesgo la pluralidad política y la preservación de la memoria histórica nacional.
En conclusión, la detención de Juan Grabois por defender un espacio emblemático de la historia y la identidad argentina es una señal preocupante de que soplan vientos autoritarios en el país, con un gobierno que parece dispuesto a usar las fuerzas de seguridad para proscribir a sus adversarios políticos y limitar la libertad de expresión y manifestación, en lugar de buscar consenso y respeto democrático.
Esta situación exige una reflexión profunda sobre el rumbo político y social que se está tomando en la Argentina actual.