EL PAÍS QUE PROPONE MILEI: ¿GOBERNAR SIN CONGRESO Y SIN DERECHOS?
En la Argentina de 2025, el gobierno de Javier Milei avanza con una estrategia política que pone en jaque el rol del Congreso, la negociación colectiva y el derecho a la protesta.
La promesa de “equilibrio fiscal” se ha convertido en el argumento central para vetar cualquier ley que no surja del propio oficialismo o que implique un aumento del gasto social, incluso si cuenta con amplio respaldo parlamentario y social.
Vetar todo lo que no convenga: el Congreso como obstáculo
El ejemplo más reciente es el debate por la reforma jubilatoria. Tras la media sanción en Diputados de un proyecto que aumenta los haberes y restituye la moratoria, Milei fue tajante: “Nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo dijo sin eufemismos: “Por más que pretendan poner un aumento de partidas, si no están los recursos, de ninguna manera va a poder aprobarse una ley con esas características y, si se hace, obviamente el Ejecutivo la va a vetar”.
Esta lógica se repite: cualquier iniciativa legislativa que el gobierno considere que “rompe el equilibrio fiscal” será vetada, sin importar el debate democrático ni la voluntad mayoritaria del Congreso. Así, el Parlamento queda reducido a una escribanía, solo útil cuando acompaña los proyectos del Ejecutivo.
Gobernar por decreto: la excepción convertida en regla
El veto presidencial, una herramienta constitucional pensada para casos excepcionales, se vuelve la norma. El gobierno de Milei ya ha utilizado decretos para avanzar sobre derechos laborales, limitar el derecho a huelga y desregular sectores estratégicos. La gobernabilidad se sostiene a fuerza de decretazos, sin pasar por las dos cámaras, vaciando de contenido el sistema de pesos y contrapesos propio de una república.
Paritarias intervenidas y derechos laborales en retroceso
La promesa de “paritarias libres” quedó en el olvido. El gobierno intervino directamente en las negociaciones salariales más importantes del país, como la de los empleados de Comercio, para impedir aumentos superiores al 1% mensual, incluso cuando la inflación destroza los sueldos. La intervención estatal, lejos de garantizar la libertad de negociación, impone techos y condiciona los acuerdos, dejando a los trabajadores sin herramientas reales para defender su poder adquisitivo.
Protestar, un lujo prohibido
El derecho a huelga, consagrado en la Constitución, también está bajo ataque. Por decreto, el gobierno amplió la definición de “servicios esenciales” y restringió la protesta colectiva, en abierta contradicción con los estándares internacionales y los tratados firmados por Argentina. La criminalización de la protesta y la represión de manifestaciones sociales se convierten en la nueva normalidad.
Como advierten especialistas y organizaciones sindicales, sin derecho a huelga las paritarias se transforman en reuniones simbólicas donde los empresarios imponen condiciones y los trabajadores pierden capacidad de presión. El resultado: salarios congelados, precarización y una democracia sin disidencia real.
El país de la “libertad” sin derechos
En el país que sueña La Libertad Avanza, el Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en un mero auditor fiscal. No habrá paritarias libres, no se podrá protestar y cada uno deberá arreglárselas como pueda, en una lógica de “sálvese quien pueda”. El equilibrio fiscal se impone por sobre el equilibrio democrático, y la república parlamentaria se diluye en un presidencialismo de veto y decreto.
La pregunta de fondo es si este es el país que queremos: uno donde el Congreso no legisla, los trabajadores no negocian y la protesta es delito. Un país donde la libertad es solo para los que pueden, y el resto queda a la intemperie.
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