LAS DOS CTA PRESENTARON UN AMPARO CONTRA EL DNU 340/25 QUE RESTRINGE EL DERECHO A HUELGA
Las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma y CTA de lxs Trabajadores) han presentado una acción de amparo ante la Justicia Nacional del Trabajo, con pedido de medida cautelar, para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025.
Este decreto modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando de manera desmesurada el concepto de “servicios esenciales” y estableciendo coberturas mínimas del 75% para estos servicios y del 50% para actividades consideradas de “importancia trascendental” durante las huelgas. Esta medida convierte al derecho de huelga en un mecanismo ineficaz, vaciándolo de contenido y restringiendo gravemente la acción sindical.
Las CTA argumentan que el Poder Ejecutivo ha excedido sus facultades al dictar esta norma sin justificar la necesidad ni la urgencia, vulnerando derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional, convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley 23.551. Además, sostienen que esta norma afecta la libertad sindical y obstaculiza el ejercicio pleno de la acción colectiva de los gremios.
En línea con la acción presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las CTA solicitan la suspensión inmediata de la aplicación del decreto y exigen su nulidad. La Justicia ya ha dado pasos en este sentido: el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 3 admitió la viabilidad formal del amparo presentado por ATE y la CGT, y dictó una medida cautelar suspendiendo provisoriamente los efectos del artículo 3° del DNU 340/25. La jueza Moira Fullana destacó que no existía necesidad ni urgencia para reglamentar vía DNU un derecho fundamental como el de huelga, y reconoció el peligro en la demora, ya que el decreto podría conculcar derechos derivados de la libertad sindical.
Las CTA reafirmaron su compromiso de seguir defendiendo el derecho de huelga como una herramienta legítima para luchar por condiciones dignas de vida y trabajo, tanto en la Justicia como en la calle.
Esta presentación judicial se enmarca en una fuerte resistencia de los sindicatos ante una normativa que, según ellos, busca limitar derechos laborales fundamentales y que ha sido cuestionada tanto a nivel nacional como internacional por su impacto restrictivo sobre la libertad sindical y el derecho de huelga.
Con NA.
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