La marcha de jubilados frente al Congreso, realizada este miércoles como parte de las protestas semanales por mejoras en las jubilaciones, terminó nuevamente con represión policial, heridos y detenciones, incluyendo la de periodistas y fotógrafos que cubrían el evento. La cobertura y el tratamiento de los hechos por parte de los medios, en particular La Nación, exhibieron notorias contradicciones entre sus diferentes plataformas.
Violenta represión y detención de periodistas
Durante la manifestación, la Policía Federal e Infantería aplicaron el “protocolo antipiquete” dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanzando sobre los manifestantes y generando una situación de violencia que dejó al menos 80 personas heridas y varios detenidos, entre ellos los fotógrafos Tomás Cuesta (colaborador de AFP y de La Nación) y Javier Iglesias, además de manifestantes como Pablo Luna y Leandro Cruzado46. Según testimonios y denuncias de sindicatos de prensa, la represión sobre los trabajadores de prensa fue deliberada y dirigida: “No quieren que estemos”, denunció el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), exigiendo la inmediata liberación de los detenidos.
La Nación: contradicciones entre redes y TV
Mientras la cuenta oficial de La Nación en X (antes Twitter) informaba sobre la “violenta detención de un fotógrafo de AFP que cubría la marcha de jubilados en el Congreso” y detallaba que se trataba de Tomás Cuesta, colaborador del propio medio, en su canal LN+ y en el programa de Luis Majul no se hizo mención a la represión ni a la detención de periodistas. En cambio, la cobertura televisiva se alineó con el discurso oficial del gobierno, que justificó el operativo atribuyéndolo a la presencia de “grupos anarquistas” y sectores de izquierda, minimizando el reclamo genuino de los jubilados y la violencia policial.
La ministra Patricia Bullrich y otros voceros del gobierno sostuvieron la narrativa de que la marcha estaba infiltrada por “patotas, barrabravas y grupos de izquierda violentos”, y que el operativo buscaba garantizar el orden público frente a intentos de desestabilización. Sin embargo, los testimonios de manifestantes, periodistas y organismos de derechos humanos desmienten esa versión y denuncian un operativo desmedido, con detenciones arbitrarias, heridos graves (como el caso de Beatriz Bianco, una jubilada de 87 años empujada al suelo), y un claro intento de limitar tanto la protesta social como la cobertura periodística.
Conclusión: represión, censura y disputa por el relato
La jornada dejó en evidencia no solo la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra jubilados y manifestantes, sino también la represión dirigida a la prensa. La contradicción en la cobertura de La Nación —que en redes sociales denunció la detención de su propio colaborador, pero en su canal LN+ omitió el hecho y repitió el discurso oficial— refleja la tensión y disputa por el relato público. Mientras tanto, la represión a los jubilados y la detención de periodistas se suma a una preocupante serie de episodios que ponen en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta.