A PEDIDO DE LA CGT Y UTEP, LA JUSTICIA LE PONE UN FRENO A BULLRICH Y LE PROHÍBE DIRIGIR OPERATIVOS DE SEGURIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD
A pedido de la CGT y la UTEP, la Justicia respondió parcialmente a favor y ordenó restringir la intervención de fuerzas federales como la Gendarmería, la Prefectura o la Policía Federal en manifestaciones que tengan lugar en la Ciudad de Buenos Aires.
La central sindical celebró el fallo y consideró que la decisión judicial pone freno a “la brutal política represiva” impulsada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. En el fallo también se le ordenó al Gobierno de la Ciudad y a su jefe porteño, Jorge Macri, que se «abstenga» de validar la intervención de fuerzas de seguridad nacionales,
La Confederación General del Trabajo (CGT) destacó este domingo un reciente fallo de la Justicia que restringe la actuación de fuerzas federales durante movilizaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y celebró que se haya ratificado la competencia exclusiva de la Policía de la Ciudad en materia de seguridad local.
“El fallo hace lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la CGT, y ratifica que el distrito porteño posee plena competencia en materia de seguridad dentro de su jurisdicción”, señalaron desde la central sindical a través de un comunicado difundido por el Consejo Directivo Nacional.
La CGT señaló que “la Justicia le pone límites a la brutal política represiva” que se venía aplicando desde el Gobierno nacional en el marco de las protestas sociales. Según el fallo, la Policía de la Ciudad será la única fuerza con responsabilidad operativa primaria en calles, plazas y accesos cercanos al Congreso Nacional.
Además, se establece que las fuerzas federales sólo podrán intervenir si son solicitadas formalmente por autoridades locales, o si existe una coordinación expresa entre jurisdicciones. “Se prohíbe cualquier despliegue unilateral por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación u otros organismos federales”, remarcaron.
Desde la CGT subrayaron también que el Congreso Nacional conserva su autoridad solo dentro de sus edificios, pero no tiene control sobre el espacio público que los rodea, el cual “permanece bajo control de la ciudad”.
La central obrera consideró que esta sentencia “establece un marco normativo claro que debe guiar la planificación y ejecución de manifestaciones”, y llamó a las autoridades a “actuar con responsabilidad institucional”.
“Advertimos que deben evitarse prácticas de criminalización de la protesta y garantizarse el ejercicio de los derechos sociales y constitucionales del pueblo argentino”, concluyó el comunicado.
El juez porteño Roberto Gallardo, encargado del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó dejar afuera a la ministra Patricia Bullrich como respuesta a la presentación de amparos por parte de la CGT y la UTEP «para evitar la participación de fuerzas federales«.
Por este motivo, se le ordenó al Gobierno de la Ciudad y a su jefe porteño, Jorge Macri, que se «abstenga» de validar la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, «en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad«.
De esa manera, Gallardo sentenció que la administración de Macri sea la que esté a cargo del operativo de seguridad de este miércoles 9 que, a su vez, confluirá con la movilización del paro general, propuesto por la CGT, dónde los gremios que la componen confirmaron su adherencia a la manifestación de los jubilados.
Por otra parte, se ordenó que se garantice «la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes» en el ámbito porteño, coordinando un operativo de seguridad que deje “sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión” y que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.
A través del fallo, Gallardo aseguró que «no se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales» de las personas que asistan a la marcha.
«El riesgo invocado (lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la Ciudad) no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”, concluyó.
Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/
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