En el marco de la reciente tragedia en Bahía Blanca, el gobierno nacional de Javier Milei ha experimentado un giro inesperado en su política hacia la obra pública.
Inicialmente, el gobierno había manifestado una postura crítica hacia la obra pública, calificándola de “curro”. Sin embargo, tras la devastadora inundación en Bahía Blanca, el Ministro de Defensa, Luis Petri, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, han liderado esfuerzos para abordar la crisis.
Estos funcionarios han recorrido las intervenciones en la ruta para desagotar la inundación en Ingeniero White y han anunciado obras permanentes para prevenir futuras inundaciones en la zona. Este cambio de postura es notable, especialmente considerando que el gobierno de Milei había desmantelado áreas clave para la asistencia en catástrofes y el Servicio Meteorológico Nacional.
Este giro plantea interrogantes sobre la cobertura de otras ciudades y provincias frente a posibles catástrofes. La pregunta es si este nuevo enfoque se limita a Bahía Blanca o si se extenderá a otras regiones. El anuncio de obras por parte de Vialidad Nacional podría ser visto como un paso hacia la reactivación de la obra pública nacional, pero también podría ser una respuesta puntual a la situación en Bahía Blanca.
El desmantelamiento previo de estructuras de asistencia en catástrofes y el servicio meteorológico nacional ha dejado a muchas comunidades vulnerables. Por lo tanto, es probable que otras ciudades y provincias tengan que reclamar una mayor inversión en infraestructura y servicios para estar preparadas ante desastres naturales.
En resumen, el gobierno de Milei enfrenta el desafío de equilibrar su política inicial con la necesidad de responder efectivamente a las emergencias. La situación en Bahía Blanca ha puesto de relieve la importancia de la obra pública y la preparación para catástrofes, lo que podría llevar a un replanteamiento más amplio de las políticas nacionales en este ámbito.