La CTA Autónoma de Tres de Febrero ha emitido un comunicado en defensa de Fernanda Miño, tras un violento allanamiento policial en su hogar. Este hecho ha suscitado una fuerte condena por parte de la organización, que califica la acción policial como un ataque a los derechos de los dirigentes sociales en un contexto de creciente autoritarismo gubernamental.
El allanamiento se llevó a cabo en la vivienda de Miño, ubicada en Villa La Cava, San Isidro. Según reportes, un grupo de policías encapuchados y armados entró de manera violenta, agrediendo tanto a Miño como a sus hijos. El operativo, justificado por el supuesto robo de una moto, fue descrito como brutal y desproporcionado, con denuncias de maltrato y abuso de poder. Juan Grabois, quien ha sido un firme defensor de Miño, subrayó que este tipo de acciones son propias de regímenes autoritarios y no se justifican en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.
En su comunicado, la CTA Autónoma expresó:
“Desde la CTA Autónoma de Tres de Febrero repudiamos el accionar de la policía contra Fernanda Miño. El maltrato y la persecución se da bajo un gobierno autoritario. En lugar de atacar a los narcos que destruyen la vida de los niños y la comunidad, deciden hacerlo con dirigentes sociales. Hoy fue Miño, mañana puede ser cualquiera de nosotros.”
Este pronunciamiento resalta la preocupación por el clima de violencia y represión que enfrentan los movimientos sociales en Argentina. La organización demanda una revisión crítica del uso del aparato estatal contra aquellos que luchan por los derechos humanos y sociales.
El incidente ha generado una ola de solidaridad entre diversos sectores políticos y sociales. Grabois enfatizó que no se permitirán estos abusos y que se buscarán las responsabilidades correspondientes.
Además, se ha planteado un llamado a la acción para defender los derechos fundamentales y garantizar que tales actos no queden impunes.Este caso pone en evidencia las tensiones entre el gobierno y los movimientos sociales, así como las preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado en situaciones que deberían ser tratadas con respeto a los derechos humanos.