Para el director de Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales, las declaraciones de la ministra de Seguridad respecto de que el Gobierno sofocó un supuesto golpe de Estado son parte de una estrategia para caraterizar a las movilizaciones, huelgas y otras medidas de fuerza como “problemas penales” o “delitos”, sin contemplar el ejercicio del derecho a la protesta.
“Es una construcción deliberada, una caracterización de la manifestación como delito”, observó el especialista, en diálogo con la 750, y recordó que sí hubo intentos de golpes de Estado en el pasado reciente, por ejemplo en Bolivia, en Brasil y hasta en Estados Unidos.
Morales cuestionó también “el uso bastardo” de la figura del terrorismo “ante cualquier situación” en el comunicado de la Oficina del Presidente y advirtió que eso se traduce en una respuesta judicial, que muchas veces puede coincidir o no con la caracterización que hace el Gobierno, pero que definitivamente implica una presión sobre la persona sometida a proceso y genera, mientras tanto, la sensación de que manifestarse es un acto terrorista.
“Este pedido de prisión preventiva de Stornelli, lo hizo sobre algunas notas de diario que reproducen el informe del gobierno nacional, pero la traducción del fiscal es de sedición y algunas de las personas detenidas son vendedores ambulantes”, concluyó.
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