El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, envió una carta documento a varios sindicatos intimándolos a pagar 40 millones de pesos en concepto de “costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público“, por la movilización al Palacio de Tribunales, convocada por la CGT , las dos CTA y otros movimientos sociales y políticos para respaldar el amparo contra el capítulo laboral del mega DNU de desregulación económica.

Pero además de esperar que otros le paguen el show represivo, Bullrich pareciera querer quedarse con un excedente: en todas las intimaciones justifica que el monto total del operativo fue de 40 millones de pesos y le pasó facturas a varios sindicatos. Si todos los gremios pagaran la misma cifra por el total, ¿el vuelto quedaría para el ministerio?.

Carta documento

La carta documento que llegó, por ejemplo, a las sede de Sipreba y Camioneros,  fue firmada por el secretario de Coordinación Administrativa de la cartera de Seguridad, Martín Siracusa, y se respalda en en el decreto 943/23, que ordena el Protocolo “antipiquetes”, y el decreto 949/23, que instruye a las cinco fuerzas federales a estimar los gastos de los operativos de seguridad para cargar los gastos contra las organizaciones que ejercen el derecho a la protesta.

La intimación, de acuerdo al artículo 8 del protocolo “antipiquete” que habilita la inteligencia sobre las marchas, enumera a más de una decena de sindicatos –UOM, UOCRA, UEJN, Conadu, Sipreba, Sutna–, organizaciones gremiales como las dos CTA y la UTEP y partidos políticos de izquierda que acompañaron la movilización. Hasta ahora se conoció que la factura llegó a Sipreba y Camioneros, pero no se descarta que la reciban otros gremios.

Además de la intimación económica –para el cual se solicita que se genere el volante de pago a través del portal del Sistema de Recaudación de la Administración Pública–, la carta anticipa que de no concretarse en diez días corridas se avanzará con una presentación judicial.

En el megaoperativo del 27 de diciembre, los sindicatos limitaron al mínimo el corte de vías, la concentración se desarrollo en una plaza pública, desbordada sobre las calles por la masiva convocatoria, que a pesar de desarrollarse de forma pacífica terminó en un operativo de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.

Esta acción de criminalización de la protesta fue aplicada por el gobierno de Javier Milei contra las organizaciones de izquierda que se movilizaron el 20 de diciembre, en el marco del aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Entonces, el vocero presidencial Manuel Adorni informó la identificación de 14 agrupaciones como organizadores de la movilización –algunas de ellas que no habían participado, una responsabilidad en ausencia que se busca transformar en ley en el proyecto de Ley Ómnibus que Bullrich defendió el miércoles en el Congreso– y adelantó el envío de una intimación económica por 60 millones de pesos.

La cuestión contra el Sindicato de Camioneros adquiere un carácter aún más específico. Fue el primer gremio que recibió la carta documento, justo veinticuatro horas después de que el dirigente del gremio y triunviro de la CGT, Pablo Moyano, asegurara que el objetivo de la central obrera es “voltear” el DNU y la Ley Ómnibus del Gobierno y movilizar el próximo 24 de enero, fecha para la cual convocaron a un paro.

“Hoy, el objetivo es uno: voltear el DNU, voltear la Ley Ómnibus, movilizar el 24 y estar presente en cada conflicto de los que se van a ir generalizando en las distintas actividades”, lanzó Moyano en declaraciones radiales.

Este jueves, Milei se movió en tándem con Bullrich y a la carta documento le sumó un dardo en su cuenta -bastanta activa- de Twitter.

La semana pasada, la Cámara Nacional del Trabajo reconoció el reclamo de los trabajadores y suspendió la reforma laboral decretada por el DNU del gobierno de ultraderecha.

Según el decreto 949/23 firmado por la ministra Bullrich, los costos que las cinco fuerzas federales deben calcular 24 horas después de que despliegue ordenado por la ministra para transformarlo en una intimación económica contra quientes ejercen el derecho a la protesta son:

• Las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron.

• El combustible utilizado.

• Los elementos consumidos en los operativos.

• Otros costos en los que se hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo.

“Que no resulta justo ni equitativo que la totalidad de los contribuyentes deban soportar los mayores costos que unas pocas personas ocasionan con una actividad ilícita”, argumenta el decreto de Bullrich. En este caso aplicado sobre una manifestación convocada por todas las organizaciones representativas de los trabajadores formales e informales.