“Lucas no está muerto, está acá presente con nosotros y ahora vamos a tener un lugar para recordar“, dijo Héctor, el padre de Lucas González, en el acto de inauguración de un espacio de memoria en recuerdo de su hijo en el Cruce de Varela.

Días después del segundo aniversario del asesinato del chico de 17 años en manos de agentes de la Policía porteña, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inauguró la “señalización contra la violencia institucional” con un acto protagonizado por amigos y familiares de Lucas en el Paseo de la Memoria del Cruce, a sólo unas cuadras del barrio en el que vivía.

No eran todavía las 17 del lunes, hora señalada para el comienzo del acto, y por el césped del paseo, a un costado del Cruce de Varela, ya caminaban grupos de jóvenes con sus remeras blancas estampadas con la foto del rostro de Lucas. Eran los mismos amigos que, dos años atrás, el 18 de noviembre de 2021, se acercaron en masa a las puertas del Hospital El Cruce para acompañar a la familia. Un día antes, en Barracas, los agentes de brigada Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva, habían disparado a mansalva contra el auto en el que Lucas volvía de entrenar con sus amigos. En el Hospital El Cruce, a metros del Paseo de la Memoria, los jóvenes conocieron la noticia de la muerte de su amigo.

“Veo a toda la gente y no tengo palabras. Verlos a ustedes es lo mejor, ahora tengo una familia gigante“, les dijo Héctor, señalándolos, al tomar la palabra en el acto. Había en el paseo alrededor de 150 personas que rebasaron la capacidad de las sillas dispuestas para presenciar la inauguración. Además de Héctor y Cintia, la mamá de Lucas, también estaban los padres y las madres de Julián Salas y de Joaquín Zuñiga, los chicos que viajaban con él ese día, y que se sentaron en la primera fila.

Ricardo Zuñiga, el papá de Joaquín, remarcó que “acá están los mismos rostros que nos acompañaron desde el primer día en el hospital y cuando hicimos el acto frente al Palacio de Justicia, sé que nuestra lucha no fue en vano y que atrás nuestro hay mucha gente dispuesta a salir a pelear”. “Lucas va a vivir en Varela porque lo vamos a recordar siempre. De él vamos a hablar toda la vida, ahora tenemos donde verlo y recordarlo”, agregó.

Con una suelta de globos blancos, a las 18 en punto los familiares y amigos de Lucas descubrieron el cartel que forma parte del “Plan de señalizaciones contra la violencia institucional” de la Secretaría. Mientras el viento llevaba los globos hacia Varela, y las familias se abrazaban, desde el público nació el grito de “Lucas González presente, ahora y siempre”. 

El Paseo de la Memoria, oficialmente del Municipio de Berazategui, está ubicado en el cruce con Varela y Quilmes. Conformado por una serie de carteles que siguen la historia argentina con el foco puesto en los derechos humanos, ahora tendrá también la imagen de Lucas González, vestido con la ropa de Barracas Central, club en el que jugaba, y pateando una pelota. Junto a la foto, la señalización exhibe un texto que cuenta la historia del caso desde la mañana del 17 de noviembre de 2021, y que cierra recordando que “Lucas tenía 17 años y soñaba con jugar en primera“.

“Él venía mucho a este lugar a jugar con su hermanita o con sus amigos. Por eso no está muerto, está acá presente con nosotros y ahora vamos a tener un lugar para recordar”, señaló entonces Héctor sobre el espacio ubicado a cuadras del barrio San Eduardo, de Florencio Varela, en el que vive la familia. Con la voz quebrada, Javier Salas, padre de Julián, recordó aquel 17 de noviembre: “Ese día mi hijo era chiquitito, todos eran chiquititos, y estos delincuentes vestidos de policías fueron a matarlos. Esta gente no tiene que estar más en la calle, lo único que quiero es que estas cosas se acaben de una vez por todas”, dijo.

En el acto estuvo presente el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien destacó “la fortaleza de la familia para que se visibilicen estos casos”. “Nos criamos en contextos donde la violencia institucional era moneda corriente y ahora este cartel dice ‘Argentina unida contra la violencia institucional‘”, destacó. Pietragalla contó que el acto es el anteúltimo del plan de señalización antes del recambio de gobierno del próximo domingo. Esta semana, adelantó, el plan se cerrará con un espacio en recuerdo a Santiago Maldonado. “La Secretaría tiene que abrazar a las víctimas, a las familias, escucharlas y pedir perdón, no estigmatizarlas ni perseguirlas, esa es la gran diferencia que hace un Estado cuando tiene que afrontar un caso como este”, sostuvo Pietragalla.

Además de contar la historia del caso, la señalización destaca la sentencia del juicio que finalizó en julio. El texto subraya que la condena a perpetua de Isassi, López y Nieva “marcó un precedente al reconocer el odio racial” como uno de los cinco agravantes con que se los sentenció. También remarca que las familias de Lucas y sus amigos fueron reconocidos formalmente como víctimas de violencia institucional. Junto a la foto del chico asesinado, Ricardo advirtió que “somos todos iguales, acá no hay distintos, caminamos la misma tierra y hablamos el mismo idioma”.

Andrés Watson, intendente de Florencio Varela, advirtió en este sentido que “esto genera jurisprudencia contra todas aquellas personas que crean que por estar en el Estado pueden avasallar los derechos de los demás, que por empuñar el arma creen que pueden llevarse la vida de otra persona”. Del acto también participaron Matías Moreno subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Hugo Colaone, secretario de Derechos Humanos de Quilmes, y Federico López, secretario de Cultura de Berazategui.

Además de Isassi, López y Nieva, en el juicio de este año fueron condenados otros seis agentes de la policía porteña por el encubrimiento del crimen. Los comisarios Juan Horacio Romero, Rodolfo Alejandro Ozán y Fabián Alberto Du Santos, el subcomisario Roberto Orlando Inca y el principal Héctor Claudio Cuevas, recibieron penas de entre cuatro y seis años de prisión, en tanto que el oficial Sebastián Baidón fue condenado a ocho años por el delito de torturas.

El comisario inspector Daniel Alberto Santana, el subcomisario Ramón Jesús Chocobar y los oficiales Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa, fueron absueltos. El juicio, sin embargo, no terminó de cerrar el caso y se espera la realización de un segundo proceso para juzgar al oficial Facundo Torres, acusado de haber aportado un arma de juguete con el que los policías condenados intentaron instalar la falsa versión de un enfrentamiento armado. Torres está detenido y procesado, y tanto el fiscal Leonel Gómez Barbella como el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, ya pidieron u elevación a juicio.