La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este martes hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por lo que declaró la nulidad de todo lo actuado por el fallecido juez Claudio Bonadío en la causa por el supuesto uso irregular del avión presidencial en el periodo 2003-2015.

“En virtud del quebrantamiento a una garantía básica que afecta al orden justo, que debe fulminarse con la sanción de nulidad todo lo actuado por el juez denunciante y a la vez instructor en la causa”, expresó el juez Alejandro Slokar al declarar la nulidad de todo lo efectuado por Bonadío.

En ese sentido, la causa por los vuelos irregulares es uno de los procesos por los cuales el juez Bonadío había sometido a la expresidenta Cristina Kirchner a una maratón de ocho declaraciones indagatorias el 25 de febrero de 2019.

En detalle, la investigación de los vuelos al sur fue activada por Bonadío en el marco de la causa de los cuadernos, cuando avanzaba sobre la hipótesis de dinero al sur y llamó a pilotos de los aviones oficiales a declarar.

En tanto, la decisión de este martes de Casación impacta para otros expedientes en los que el fallecido magistrado impulsó de modo anómalo los procesos, sea remitiendo a sorteo o, como hizo en el caso de la causa de los “cuadernos”, invocando presuntas conexidades para quedarse con las causas mediante “legajos de investigación”.

“El incumplimiento de apartarse por parte del juez denunciante vio comprometer irremediablemente el deber de imparcialidad, condición indispensable para asegurar un proceso debido para procurar la confianza ciudadana en el Poder Judicial”, expresó el juez Slokar, cuando se dispuso apartar a Bonadío de la causa por recusación.

Es que, mediante este mecanismo, Bonadío le atribuyó el delito de asociación ilícita a los empresarios Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Aldo Benito Roggio, Enrique Pescarmona, Juan Carlos Lascurain, Juan Carlos de Goycoechea, entre otros, máximos responsables de los holdings locales vinculados a la obra pública, integrando la asociación ilícita encabezada, según la acusación, por Cristina Fernández.

Por otro lado, los jueces de la sala segunda de la Cámara Federal de Casación Penal también ordenaron apartar a los camaristas, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia (trasladados a la cámara federal durante la presidencia de Mauricio Macri)y a Mariano Llorens, quien ordenó, sin atribución legal, que se proceda al desafuero y detención de Cristina Kirchner.