El crimen de Daniel Barrientos, el colectivero de la línea 620 ultimado de un balazo en el tórax en la localidad bonaerense de La Matanza, que desencadenó en las trompadas que recibió el ministro de Seguridad, Sergio Berni, es el resultado de una verdadera cronología de la desidia, en la que comparten responsabilidad el Estado, las empresas de trasporte y el sindicalismo, representado en la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Los tres sectores, aunque en diferente medida, tienen injerencia en la parcialísima aplicación de la ley 14.897, que obliga a las empresas concesionarias del servicio público de transporte de pasajeros a instalar cámaras de seguridad en las unidades. La norma tardó demasiado en reglamentarse y se aplicó muy reducidamente durante el gobierno de María Eugenia Vidal, y posteriormente cosechó avances en el primer tramo del mandato de Axel Kicillof, pero luego sobrevinieron la falta de controles sobre los $2.500 millones que invirtió el Gobierno bonaerense y nadie sabe exactamente a dónde fueron a parar.

Vidal y Ritondo no viajan en colectivo

La norma, de autoría del actual diputado de extracción sindical (UTA) Martín Domínguez Yelpo, fue sancionada en la Legislatura bonaerense en diciembre de 2016, durante la administración de Vidal. A mediados del año siguiente, el crimen a sangre fría del chofer de la línea 514, Carlos Sánchez, en Claypole, motivó una nutrida protesta en la puerta del Ministerio de Seguridad bonaerense, en La Plata, que comandaba Cristian Ritondo, que prometió la implementación plena de la ley 14.897.

Sin embargo, a las palabras del actual diputado nacional del PRO, que por estas horas se olvida de todo por tuiter, lamentablemente se las llevó el viento. Tuvo que morir el chofer de la línea 620, Leandro Alcaraz, en la localidad de Virrey del Pino, también en La Matanza, para que Vidal, a regañadientes, reglamente la ley que obliga a las empresas a instalar cámaras de seguridad en las unidades. Eso fue en abril de 2018, casi un año y medio después de la sanción de la ley 14.897.

En ese momento, Ritondo se comprometió a que en seis meses las 9 mil unidades, entre municipales y provinciales, tendrían los dispositivos instalados. A su vez, el exministro blanqueó que “el problema” era “el financiamiento”.

Sin embargo, de acuerdo a la propia información oficial, a mediados de 2019, a meses de que Vidal perdiera las elecciones, apenas cien colectivos tenían cámaras. Con olor a campaña, junto al ahora precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense anunció la compra de unos 1.200 dispositivos para instalar en colectivos.

Pese a eso, de acuerdo a lo que pudo corroborar Diputados Bonaerenses, apenas menos de la mitad, unos 400, quedaron conectados al centro de monitoreo de Seguridad, cuando terminó la gestión de Vidal y Ritondo.

Kicillof y un ministerio sin control

El comienzo de la historia con Kicillof no fue muy distinto a la de Vidal, ya que fue un crimen el que aceleró las definiciones políticas. Los primeros días de octubre de 2020, en plena pandemia de coronavirus, el asesinato del chofer de la línea 218, Pablo Flores, también en Virrey del Pino, en La Matanza, apuró a la gestión de Axel Kicillof en el cumplimiento de la errática ley 14.897.

Con ese impulso, el golpeado ministro de Seguridad, Sergio Berni, que irónicamente como senador bonaerense votó el articulado, prometió avanzar en la implementación de la normativa y, meses después, en marzo de 2021, el entonces subsecretario de Transporte, Alejo Supply, firmó una resolución que obliga a las empresas a incorporar las cámaras de seguridad a las nuevas unidades que se sumen al servicio público de pasajeros de línea regular.

Al mismo tiempo, desde la cartera de Berni apuntalaron el centro de monitoreo de Puente 12, al que deberían reportar las cerca de dos mil cámaras de seguridad que hay instaladas, de acuerdo a los datos proporcionados por Transporte.

Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, en 2021, antes de mudarse de oficina, Supply firmaría otra resolución para añadir a los subsidios que reciben las empresas que prestan el servicio público de pasajeros, un ítem referido a las cámaras de seguridad, además de los habituales referidos al gasoil, aceite, unidades en funcionamiento, renovación del parque automotor y salarios, entre otros, con el objeto de que se avance en la instalación de los dispositivos.

Producto del nuevo ítem en los subsidios, ya bajo la gestión del actual ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, reconoció que se otorgaron a las empresas unos $2.500 millones, que nadie sabe a dónde fueron a parar. “Hay un incumplimiento por parte de las empresas. Seguimos poniendo al día de hoy 160 millones de pesos mensuales para que haya cámaras”, declaró D’Onofrio, casi como un espectador de la situación. ¿Pero recién ahora el Ministro, crimen de por medio, esta dispuesto a ir a fondo contra las empresas que no están invirtiendo el dinero de los contribuyentes bonaerenses?

Desde la cartera de Transporte aseguran que una porción reducida de esas partidas millonarias efectivamente fueron a parar a dispositivos que se instalaron “sin chip”, es decir sin la posibilidad de grabar y transmitir imágenes. Asimismo, D’Onofrio refiere a una presunta intimación a las firmas, fechada en enero de 2023, es decir exactamente un año después de que recibiera la llave del nuevo Ministerio.

Evidentemente, los controles por un prolongado tiempo brillaron por su ausencia y, de más está decir, llegaron tarde. Algo de eso debió aceptar el funcionario en recientes declaraciones: “Por ser ministro de Transporte, la responsabilidad de que no haya cámaras es mía. Mi herramienta es no pagar el subsidio a aquella unidad que no tenga la cámara instalada, pero de esa forma de 9000 unidades sólo circularían poco más de 2000”, argumentó.

¿Las cámaras podrían haber evitado el asesinato?

¿Las cámaras podrían haber evitado el crimen de Barrientos? El sistema, dependiendo de la unidad, consiste en la instalación cuatro o cinco dispositivos y de un botón de alerta, para conectar en tiempo real las imágenes con el centro de monitoreo instalado en Puente 12, en caso de que sobrevenga algún hecho delictivo. Si bien la pregunta es contrafáctica, lo que sí podrían haber otorgado las cámaras, es datos valiosos respecto sospechado tiroteo que desembocó en el asesinato del chofer y, al mismo tiempo, favorecido al rápido accionar de los efectivos de la Policía Bonaerense.

Dos situaciones para nada menores, en un contexto en el que el ministro Berni llegó a plantear que no sabe si le “tiraron un muerto”. Una arista que escapa a este artículo, es la falta de respuestas a los elevados niveles de inseguridad que azotan a la localidad de Virrey del Pino, escenario de las tres ruidosas muertes de choferes relatadas anteriormente, que motivaron acciones espasmódicas de la política.