El ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron este jueves en una conferencia de prensa que enviarán un proyecto al Congreso Nacional para modificar la Ley de Seguridad Interior, con el objetivo de darle mayor intervención a las Fuerzas Armadas.

“Como todos saben, la situación de Rosario es crítica, lleva años sufriendo el flagelo del narcotráfico (…) y lo que estamos viendo actualmente es la presencia de actos terroristas, como la muerte de un colectivero, dos taxistas y un playero”, mencionó Petri al presentar la peligrosa iniciativa que impulsa su cartera. 

Ante este escenario, continuó, “el presidente de la Nación nos dio instrucciones para que modifiquemos la Ley de Seguridad Interior, teniendo en cuenta que esta ley establece dos supuestos de intervención de la Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior”, el primero para “dar ayuda (logística) a las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales” y el segundo “a partir de la declaración de estado de sitio, donde claramente no se resuelve el problema porque se suspenden las garantías constitucionales y las Fuerzas Armadas no actúan bajo un procedimiento determinado y tampoco pueden prepararse para actuar”.

“Teniendo en cuenta que es facultad del Congreso organizar a las fuerzas, pero también del presidente de la Nación disponer de las Fuerzas Armadas, entre esta alternativa de mínima intervención (supuesto 1) y de máxima intervención (supuesto 2), estamos modificando la Ley de Seguridad Interior”, comunicó Petri.

Esa modificación, explicó, busca “que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos en un supuesto muy particular que es el de terrorismo, que está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población”.

Esa calificación de “terrorismo”, aclaró, “va a depender del Comité de Crisis que prevé la Ley de Seguridad Interior pero además va a requerir la concurrencia y la voluntad expresa del gobernador de la provincia donde se reclame la participación de las Fuerzas Armadas”.

Entre las funciones que tendrán a su cargo las Fuerzas Armadas, en caso de que el proyecto de ley sea aprobado por ambas cámaras del Congreso, Petri mencionó “tareas patrullaje, control de personas y de vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediata intervención al juez y al fiscal interviniente para dar las máximas garantías”.

También tendrán la “posibilidad de utilizar medios coercitivos”, anunció Petri. La utilización de estos medios, señaló, “se va a regir con las mismas normas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza”.

Estas acciones, no obstante, “no van a ser punibles” porque “van a ser consideradas en cumplimiento del deber“, finalizó el funcionario.

Ley antimafias

Tras el anuncio de Petri, tomó la palabra Bullrich, quien dijo que la semana próxima su cartera enviará al Congreso Nacional varios proyectos de ley en materia de seguridad, entre ellos un proyecto de Ley Antimafias, que “tiene origen en el código antimafia italiano y en la Ley Rico utilizada en EE.UU. para combatir a las bandas y que también fue adoptada en El Salvador”, precisó.

Esta iniciativa propone que “el hecho individual no es lo que determina la pena sino aquellos que participan de una determinada organización, que son parte de esa organización y que son los que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, explicó.

Entre esos delitos, mencionó “narcotráfico, homicidios, sicariato, lesiones, extorsiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, coacción, trata de personas, intimidación pública, terrorismo, incendios o estragos hechos con el objetivo de lograr una destrucción de viviendas o lugares para luego hacerse de esos lugares, y tenencia de armas y explosivos”.

Una organización criminal, definió la ministra, “es aquella que tiene en vilo una zona donde ya no rige la Constitución, sino que rige la ley narco o de organizaciones criminales”. Por eso, anunció, “vamos a trabajar en la construcción de un nuevo modelo superador de nuestra asociación ilícita solo en los casos que las organizaciones criminales utilicen métodos de extorsión, de muerte y de reemplazo de la ley y la Constitución Nacional”.

Entre otras cosas, esto “va permitir detenciones para averiguación de delitos, algo que ya está haciendo la provincia de Santa Fe con una ley especial provincial; colocación de retenes, efectuar requisas; incautar mercadería; hacer rastrillajes; y realizar allanamientos encadenados”. El proyecto de ley, asimismo, contempla que “la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización”. 

Reiterancia y registro de ADN

Este jueves, Bullrich también mencionó que se sumará la figura de la reiterancia, “que significa que reiteras el delito y vas preso“, aclaró. “Se terminó la idea de que vos podés hacer una acumulación de delitos cuando para el primero por ahí tarda 6 años la condena y mientras esa persona puede haber sido detenida (en ese tiempo) otras 25 veces”, planteó la ministra.

También comunicó, en la conferencia de prensa que encabezó junto a Petri, que se tomará una muestra  de ADN no solo a las personas condenadas por delitos sexuales sino también a las imputadas. “Cada uno de los delincuentes que entre a una dependencia policial, a una cárcel, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN”, explicó.

Esas muestras de ADN, puntualizó la ministra, va a pasar a formar parte de un “sistema de almacenamiento”, una posibilidad “que nos ha donado el FBI”, destacó la funcionaria.

Protesta social: penas para quienes organicen piquetes

Sobre el final de su exposición, Bullrich mencionó que insistirá con tres proyectos que estaban incluidos en la Ley Ómnibus, que será enviada nuevamente en las próximas semanas.

En primer lugar, enumeró Bullrich, la reforma del 194 del Código Penal, “el aumento de penas -que irán de 4 a 6 años- para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, amenazas, favores sexuales”.

En segundo lugar, un proyecto que establezca “un tipo penal para la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos con una pena que va a ir de 4 a 6 años”, indicó, al quejarse de que “hoy tenemos bloqueada la empresa Sancor en Sunchales, provincia de Santa Fe”.

Legitimación del gatillo fácil y la docrtina Chocobar

Como ya dijo en otras ocasiones, Bullrich sostuvo que el tercer proyecto incluye cambios en la legítima defensa y cumplimiento del deber. “Saben que la legítima defensa, artículo del viejo Código Penal, tiene poco claro que es el cumplimiento del deber. Cuando un miembro de la Fuerza de Seguridad actúa es en cumplimiento de deber, no solo es legítima defensa, está cumpliendo con el rol que le dio la sociedad al darle un arma, una instrucción y una decisión de tener el monopolio de las armas que el Estado le brinda”, sostuvo la ministra.

“Por eso hemos planteado un artículo 34 tal cual lo hizo Uruguay y Chile para cambiar esta idea que los policías terminan siendo los victimarios y las víctimas terminan siendo aquellos que comenzaron el hecho delictual. Esto se va a dar a la hora de evaluar la proporcionalidad del medio empleado para defender”, sostuvo, y mencionó que se tomarán en cuenta elementos que “no estaban hasta ahora” como la diferencia de edad, la contextura física, número de agresores. “No era razonable analizar solo si la persona estaba o no armada. Si estaba armada con un arma de juguete condenaban al policía ¿Cómo sabía el policía si era o no de juguete? No tiene ni idea”, ejemplificó.

En ese sentido, volvió a legitimar el gatillo fácil y dijo que “se contemplará el caso de quien dispara mientras se va alejando del que se defiende”. En la actualidad, aseguró Bullrich, “si  se va alejando se dice ‘ya estaba’. No. Las Fuerzas de Seguridad tienen que perseguir el delito y al delincuente. No pueden dejar a un delincuente suelto que luego a los 200 metros o al día siguiente cometa otro delito. Es obligación de las fuerzas policiales defender a la sociedad de los delincuentes y si lo deja libre sabiendo que está armando está generando un incumplimiento del deber”, insistió.

Además, “no vamos a permitir más la querella contra el Estado” en casos “de delincuentes que cometieron un delito y que después las familias si el delincuente muere van contra el Estado Nacional” porque “no podemos convertir a los victimarios en víctimas”, reiteró.

Al finalizar, dijo que se buscarán modificar las penas que prevé el delito contra la autoridad. “Hoy le pegan a un policía y es como si nada. Esto se termina. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad. Y esto es muy importante porque en cada manifestación tenemos 5 o 6 heridos y es como si no pasara nada. Bueno, ahora va a pasar”, concluyó.

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